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La potestad sancionadora de la APD

por Fernando Plaza

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La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Fueron setenta y dos los "Considerando" que precedían al articulado de esta directiva, de entre los que habría destacar el número dos que comienza diciendo "Considerando que los sistemas de tratamiento de datos están al servicio del hombre", pues es ese el principal objetivo de todas estas regulaciones, que las herramientas creadas por y al servicio de la persona no se conviertan en sus peor enemigo.

También es de destacar el Considerando 62 en el cual se contempla como esencial la creación de una autoridad de control que ejerza sus funciones con plena independencia en cada uno de los Estados miembros. Completado por el Considerando 63 donde se prevé que "dicha autoridad debe disponer de los medios necesarios para cumplir sus función (...)", dentro de las cuales entendemos que se encuentra la potestad sancionadora, si bien no se cita concretamente en este considerando.

Ya en el articulado podemos ver como en el artículo 24 "Sanciones" dentro del Capítulo III "Recursos judiciales, responsabilidad y sanciones", se prevé que los Estados miembros han de adoptar las medidas adecuadas para garantizar la plena aplicación de las disposiciones de las Directiva, en particular, sanciones en caso de incumplimiento.

Posteriormente el Capítulo VI esta dedicado en parte a las denominadas Autoridades de Control, a las que se hacían referencia en el considerando 62. Éstas, conforme al artículo 28 pueden ser una o varias y su misión es vigilar la aplicación en sus territorios de las disposiciones adoptadas por los Estados Miembros en aplicación de la Directiva.

En el artículos 28 párrafo dos se hace mención a su independencia y en el 28.3 a sus poderes efectivos de intervención y en concreto el poder de dirigir advertencias y "amonestaciones" al responsable del tratamiento y por supuesto capacidad procesal en caso de infracción.

A mi entender no queda totalmente claro si la Directiva concibe que esa autoridad ha de tener o no potestad sancionadora, es decir, si esa potestad se puede considerar incluida dentro del término "amonestación", que aparentemente tiene un significado más leve.

Era el objetivo de esta directiva el obligar a los Estados miembros a revisar sus legislación e incluir en ella los principios de esta directiva. En el caso concreto de España esta directiva como bien señala el Dr. Ull Pont nos obligaba a revisar nuestra legislación sobre la materia y en particular la LORTAD, antes del 24 de octubre de 1998. Un después de agotarse el plazo establecido en la Directiva saldrá a la luz la ley orgánica que a los efectos de este trabajo comentamos a continuación.

Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos.

Es este reglamento el encargado de pormenorizar las funciones y potestades de la Agencia de Protección de Datos. Así podemos ver como es el Director de la Agencia de Protección de Datos el encargado de iniciar, impulsar la instrucción y resolver los expedientes sancionadores referentes a los responsables de los ficheros privados (art 12.2.i ).

Es de resaltar que las Comunidades Autónomas pueden crear sus propias Agencias de Protección de Datos y así lo ha hecho la Comunidad de Madrid (Ley 13/1995 de 21 de abril, de regulación del uso de la informática en el tratamiento de datos personales por la Comunidad de Madrid, modificada por la Ley 13/1997 de 16 de junio). Esta Agencia de Protección de Datos a cuya creación se hace referencia en el artículo 27 de la citada ley perteneciente al Capítulo III "De los Órganos de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid" tiene como funciones la iniciación de procedimientos disciplinarios contra quienes estime responsables de las infracciones al régimen de protección de datos personales" (Art. 28. l )

Las leyes antes mencionadas también han sido desarrolladas en el DECRETO 22/1998, de 12 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. En este Estatuto se deposita de nuevo en el Director de la Agencia la mencionada proposición de incoación de los procedimientos disciplinarios antes mencionados.

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