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La potestad sancionadora de la APD

por Fernando Plaza

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La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPDAT). Esta ley sustituyo a la Ley Orgánica 5/1992 (LORTAD) ampliando el contenido de su protección.

El artículo 37, Funciones, enmarcado dentro del Título VI "Agencia de Protección de Datos" en su apartado g) hace mención expresa a la potestad sancionadora de la APD "en los términos previstos por el Título VII de la presente Ley",

Ese Título VII al que hace referencia el artículo 37. g) recibe el nombre de "Infracciones y Sanciones", en éste se concreta hasta dónde pueden llegar las sanciones que la APD puede imponer y por qué motivos. Las infracciones como es habitual quedan divididas en tres grandes grupos leves (art 44.2), graves (44.3) y muy graves (44.4) y las sanciones correspondientes a cada una van de las 100.000 a los 10.000.000 pesetas para las leves, de 10.000.0000 a los 50.000.0000 para las graves y de los 50.000.000 a los 100.000.000 de pesetas para los muy graves.

La graduación (Art. 45.4) va en concordancia a:

  • La naturaleza de los derechos personales afectados.
  • Al volumen de los tratamientos efectuados.
  • A los beneficios obtenidos.
  • La intencionalidad y reincidencia.
  • Daños y perjuicios causados a las personas interesadas y terceras.
  • Cualquier otra circunstancia relevante.

Incluso si estas circunstancias fueran muy atenuantes se podría pasar a la escala correspondiente al tipo de infracción precedente en gravedad. No pudiéndose hacer lo contrario en caso de no existir circunstancias atenuantes o existiendo circunstancias agravantes.

La infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año (art. 47.1)
Las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos u órganos correspondiente de la Comunidad Autónoma agotan la vía administrativa (Art. 48.2)., como cualquier otro acto dictado por el Director de la Agencia en el ejercicio de las funciones públicas de la Agencia. Contra el cabe por tanto la interposición de los recursos contenciosos -administrativos procedentes (Art. 1.4).

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